LA CORRUPCIÓN COMO DILEMA ÉTICO

La ética es concebida como la disciplina del conocimiento que estudia las actitudes y costumbres del ser humano y las clasifica en virtudes y vicios, en acciones debidas e indebidas, convenientes y nocivas, con el fin de formar el carácter de los hombres al mostrar aquellos hábitos dignos de imitar. La ética forja el carácter, esto significa que los seres humanos nacen con un temperamento innato, con un conjunto de sentimientos que no han elegido y resulta difícil modificar, pero que puede encauzarse a lo largo de su vida; por lo que, es posible ir adquiriendo un nuevo carácter. El individuo tiene que ir forjándose a sí mismo al elegir unas posibilidades vitales y rechazar otras. Como afirma Adela Cortina (1997,95), “La vida humana es quehacer y el quehacer ético es quehacerse, hacerse a sí mismo”.

“Apropiarse de las mejores posibilidades vitales para forjarse un buen carácter consiste la sabiduría ética, y a esa necesidad originaria de elegirlo llamamos libertad en un sentido básico. Puesto que estamos condenados a ser libres, a tener que elegir, lo más inteligente es hacer buenas elecciones, forjarse un buen carácter, que es a fin de cuentas en lo que consiste ser bueno” (Cortina; 1998).

Una de las problemáticas éticas que afronta hoy en día la sociedad mundial y en particular la colombiana es la corrupción, hablar de corrupción puede tornarse un dialogo de nunca acabar, puesto que esta problemática conlleva un trasfondo histórico y cultural que permite que se geste y se establezca en la sociedad. Siguiendo los postulados de García (1996), se puede encontrar que la crisis ética se produce como resultado de procesos históricos, y tiene como trasfondo causas estructurales. En una problemática como la corrupción, el desarrollo económico y social juega un papel sumamente importante.

Los gobiernos y administraciones públicas contemporáneas enfrentan una crisis de valores en sus gobernantes, funcionarios y personal, siguiendo a Diego (2004), ante este decaimiento es importante recuperar un conjunto de principios éticos. Así como existe preocupación por aspectos económicos y materiales, también debiera hacerse por los aspectos éticos. Si el subdesarrollo económico es motivo de preocupación también lo debiera ser la ausencia de virtudes en las personas, en particular de aquellos que ocupan cargos públicos. ¿Cómo se podrá resolver la corrupción si antes no se resuelve el problema moral? Ningún gobierno podrá operar de manera óptima si antes no educa en la honradez y probidad a su personal.

La ética, al referirse al ámbito público, implica necesariamente relacionarse con la política, no se limita a los funcionarios públicos. Un buen gobierno no sólo requiere funcionarios responsables sino también políticos responsables, puesto que son éstos últimos principalmente quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones y de estas decisiones depende a su vez la actuación de los principios (Diego, 2004).

La ética no pretende ser la panacea a los problemas que enfrenta la administración pública, ni la varita mágica para acabar con la corrupción, sino un instrumento más de la “caja de herramientas” para combatirla. Es el ingrediente adicional para hacer más sólido el dique que contenga el mar de corrupción y su aplicación a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan gobernantes y funcionarios públicos están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses. También es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía. Es además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. La ética es un factor clave para elevar la calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos.

Según, Morales y Vallés (2013) el camino hacia un abordaje de tales cuestiones, y desde una óptica claramente normativa, esta problemática debería estar sustentada a la consideración de que los derechos humanos deberían formar parte de cualquier construcción de un ethos compartido sobre el cual cimentar relaciones de reconocimiento de la otredad. Desde su nacimiento, los derechos humanos han sido todo un símbolo de una vocación universalizadora en pos de una vida más digna, justa e igualitaria para todos los seres humanos. No obstante lo restrictivo de su extensión en sus inicios, en buena medida debido a factores contextuales, en su devenir histórico tales derechos han ido recogiendo esa necesidad de mayor inclusión y especificidad con miras a dar cabida a la diversidad humana en toda su expresión.

Así surge la pregunta, tomada por Corredor (1998) la cual puede adaptarse perfectamente a esta problemática «¿cómo conciliar la búsqueda del bienestar social en un contexto en el que prevalecen los intereses individuales y en el que sólo los más fuertes pueden conseguirlos a costa de la negación de los otros? » Esta pregunta sólo puede ser contestada en la medida que, asistidos por la razón, fin de la economía no es otro que «los hombres y las mujeres puedan realizarse en plenitud, y que esta realización esté garantizada también para sus hijos y para los hijos de sus hijos y así consecutivamente» (Roux, 1994).

Es así como, desde los planteamientos de Adela Cortina, se debería de tomar decisiones moralmente justas incluye obrar de manera prudente y justa y para ello se debe averiguar los valores  y derechos que han de ser racionalmente respetados. Para ello se debe tener en cuenta la moral crítica y el derecho positivo que se distinguen en que el primero es universal y se puede poner en cuestión y condenar normas vigentes de acuerdo al contexto y el segundo que es vigente solo es un país determinado; y la moral crítica y socialmente vigente.

La cuestión no es, pues, en las escuelas y universidades formar sólo técnicos bien especializados que puedan competir y atender a las demandas de los mercados, sean las que sean, sino educar a buenos ciudadanos y a buenos profesionales, que saben utilizar las técnicas para ponerlas al servicio de buenos fines, que se hacen responsables de los medios y de las consecuencias de sus acciones con vistas a alcanzar fines mejores.

Todo individuo que participa de la función pública debe tomar conciencia de que el servicio público se define como la acción del gobierno para satisfacer las demandas y necesidades de las personas que integran el Estado. El servidor público se debe a su comunidad, su sueldo es pagado por la sociedad y por lo tanto tiene una responsabilidad y un compromiso con ella. El político y el funcionario público no deben olvidar que están para servir a la comunidad no para servirse de ella. Todo buen gobernante sirve a su país y no se sirve de él.

A fin de cuentas, no se construye una sociedad justa con ciudadanos mediocres, ni es la opción por la mediocridad el mejor consejo que puede darse para llevar adelante una vida digna de ser vivida. Confundir “democracia” con “mediocridad” es el mejor camino para asegurar el rotundo fracaso de cualquier sociedad que se pretenda democrática. Por eso una educación alérgica a la exclusión no debe multiplicar el número de mediocres, sino universalizar la excelencia.

Corredor, C. (1998). “Ética, desarrollo y Pobreza”. . Medellín: Revista Universidad de Antioquia.

Cortina, A. (2013). ¿Para qué sirve realmente la ética? Paidós.

Diego, O. (2004). LA ÉTICA Y LA CORRUPCIÓN EN LA POLÍTICA Y EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Andalucía: Universidad Internacional de Andalucía.

Roux, F. (1994). «Ética y Democracia». Santafé de Bogotá.

Vallés, B., & Morales, P. (2013). Discapacidad y reconocimiento: reflexiones desde el prisma de Axel Honneth. Dilemata.